El derecho de rectificación es la facultad que tiene toda persona para solicitar la corrección de informaciones difundidas por terceros cuando sean inexactas y puedan causarle perjuicio. Este derecho está regulado en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, y está diseñado principalmente para medios de comunicación, como prensa escrita, televisión o radio.

Sin embargo, en el caso de redes sociales, su aplicabilidad es más compleja, ya que la normativa no está específicamente adaptada a este entorno. Mientras que los medios de comunicación están obligados legalmente a publicar la rectificación, los titulares de cuentas individuales en redes sociales no tienen la misma obligación legal, lo que dificulta su efectividad en estos casos.

Si un medio de comunicación incumple la obligación de rectificación, el afectado puede presentar una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia. El procedimiento es rápido y preferente, buscando que la rectificación se publique lo antes posible para minimizar el perjuicio.
En redes sociales, la defensa del derecho de rectificación presenta mayores desafíos:

• Solicitud directa al usuario: Se puede pedir rectificación al titular de la cuenta, pero no está obligado legalmente a corregir la información.
• Denuncia ante la red social: Algunas plataformas permiten denunciar contenido falso, pero su eliminación o corrección depende de sus políticas internas.
• Acción judicial contra el usuario: Si la publicación afecta gravemente al honor o la privacidad, se puede demandar por intromisión ilegítima, injurias o calumnias.
• Protección de datos: Si se difunden datos personales sin consentimiento, se puede solicitar su eliminación ante la Agencia Española de Protección de Datos.